Brasil: Ejercito y Policía Militar Desalojan a los Campesinos en Porto Velho

Foto: El Ejercito y la Policía Militar acorrala a los campesinos en un esfuerzo por desalojarlos.

Este artículo es una traducción.

Por Alejandro Peña

La semana pasada, el ejército reaccionario, la Fuerza Nacional y la Fuerza Táctica y la Policía Militar desalojaron a 400 familias campesinas del campamento de Boa Esperança en Porto Velho, Rondônia. Los residentes informan que los militares actuaron violentamente e incendiaron el área, arrestando a Delson Pinto de Souza, un campesino que había sido hostigado y perseguido durante años y tiene la propiedad legal del área de Boi D’Água donde se encuentra el campamento de Boa Esperança.

De Souza permitió a los campesinos construir el campamento en su tierra, pero dice que los acaparadores de tierras en la región lo han perseguido como resultado. En el pasado, agentes del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio, brazo administrativo del Ministerio del Medio Ambiente) han amenazado el campamento en un intento de obligar a los campesinos a abandonar sus tierras.

El abogado que representa a las familias desplazadas, Ermógenes de Souza, también ha sido acusado de ser un autor intelectual en la ocupación de la tierra simplemente por brindar orientación legal. Según él, los campesinos desplazados fueron llevados a una escuela en Río Pardo después de ser desalojados, desplazados de su único medio de subsistencia y sin saber cómo comerán.

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Residentes del campamento Boa Esperança

Un campesino vecino expuso perfectamente las prioridades reaccionarias del viejo estado en un clip de audio enviado al periódico revolucionario A Nova Democracia: “Estoy preocupado por estas cosas porque necesitamos mucho, y lo que escuchamos es el quejido de que no tienes dinero. Y de repente, para estas cosas [desalojo] tienes mucho dinero. Para la represión tienes dinero. Pero no hay dinero para la educación, no hay dinero para las comidas, no hay dinero para ayudar en la agricultura [pequeña], no hay dinero para la regularización de la tierra, pero para la represión hay dinero. ¡No entiendo esto!”

Solo dos días después, la Fiscal General de la República, Raquel Dodge, solicitó que las investigaciones de muertes y torturas en el estado de Rondônia, resultantes del conflicto agrario en la región, fueran entregadas al gobierno federal. El estado de Rondônia es el segundo después de Pará en el número de asesinatos en campos agrícolas relacionados con disputas de tierras.

Dodge menciona que el gobierno estatal de Rondônia no ha llevado a cabo suficientes investigaciones de asesinatos y ha permitido que la violencia contra los campesinos continúe impunemente. También destaca el papel que las organizaciones criminales tienen en la violencia, actuando en nombre de grupos más fuertes para mantener el control sobre la tierra.

La declaración de Dodge es reveladora en el sentido de que el gobierno federal admite abiertamente la respuesta inadecuada del estado a la tortura y el asesinato de campesinos pobres, lo que sugiere un cierto nivel de colusión con el latifundio y las pandillas paramilitares que los atienden. Sin embargo, sus palabras suenan huecas frente al apoyo abierto del presidente Jair Bolsonaro a la violencia contra los campesinos pobres sin tierra. En abril anunció un proyecto de ley que eximiría a los terratenientes del castigo cuando disparan contra campesinos ocupantes y tratan la lucha por la tierra como una actividad terrorista.

La violencia contra las personas en el campo brasileño ha matado y desplazado a muchos granjeros pobres y ha causado un sufrimiento incalculable, sin embargo, también ha ayudado a los campesinos a luchar por la tierra. Los campesinos pobres y sin tierra anhelan el fin del antiguo orden semifeudal de explotación y despojo y están luchando por la Nueva Revolución Democrática para alcanzar estos fines.